En 1993, en el marco de una fuerte crisis económica y social, Menem y los dirigentes menemistas reflotaron la propuesta de modificar la Constitución nacional con el objetivo de permitir la reelección del presidente, a quien se presentaba como reaseguro de la continuidad de la política económica. En un primer momento, el radicalismo se opuso a la reforma, pero luego de la derrota de la UCR en las elecciones legislativas de 1993 y frente a las escasas expectativas de éxito en las elecciones presidenciales de 1995, los dirigentes radicales cambiaron su estrategia.
El Pacto de Olivos fue un acuerdo entre el PJ y la UCR que destrabó el tratamiento de la ley que declaraba la necesidad de la reforma constitucional en el Parlamento. El pacto permitió a Alfonsín colocar al radicalismo en situación de imponer algunas condiciones en la futura reforma y resguardar un lugar institucional para la oposición radical.
Alfonsín sabía que el gobierno estaba dispuesto a ir a un enfrentamiento total para conseguir la aprobación de la reforma y suponía que las posibilidades de la UCR de ganar en esa situación eran escasas. El principal beneficio que obtuvo el gobierno con el pacto no fue la factibilidad de la reforma sino su legitimidad.
Entre el 25 de mayo y el 22 de agosto de 1994, en las ciudades de Santa Fe y Paraná se sesionó la Asamblea Constituyente. Ninguna fuerza contó con quórum propio ni con una mayoría absoluta. Las modificaciones introducidas significaron cambios en las normas que rigen las relaciones entre los poderes del Estado, entre la Nacipon y las provincias y el establecimiento de nuevos derechos y garantías. La nueva Constitución nacional fue jurada solemnemente el 22 de agosto de 1994.