La Ley 23.492 de punto final se sancionó, es una Ley argentina que se promulgó el 24 de diciembre de 1986 por el presidente Raúl Alfonsín.
La misma básicamente establecía la caducidad de la acción penal contra los imputados como autores penalmente responsables de haber cometidos delitos de lesa humanidad, como la desaparición forzada de personas, que se dieron bajo el contexto de la Dictadura militar del 76 en Argentina.
Básicamente lo que hacía era eximir a los militares por debajo del rango de coronel, de la responsabilidad de estos actos, cometidos bajo mandato castrense.
Esta ley fue sumamente discutida y cuestionada en su momento y también ahora, pero nunca debemos perder de vista el contexto en el que se promulgó. Alfonsín quería juzgar a todos los militares involucrados en estos actos, pero miles de levantamientos, entre ellos los que provocó Aldo Rico y los cara pintadas, amenazaban con la democracia y desafiaban al gobierno constitucional una vez más. Esto sumado a tanques de guerra en las calles, y una situación constante de presiones y levantamientos, provocaron que el gobierno dictara estas leyes y que solo en el juicio a las juntas se juzgara a los máximos responsables como Videla y Massera.
Esta ley lo que provoco fue que miles de militares que también actuaron en estos crímenes quedaran sin juzgar, ya que como bien dice la ley actuaron por obediencia debida, y se llama también punto final, porque aquí se terminarían los juicios.
Sin dudas el gobierno de Alfonsín hizo muchísimo por el Nunca Mas, teniendo en cuenta el contexto, la época y el peligro contante y desafiante de perder otra vez esa ansiada democracia.
Estas leyes fueron derogadas en el 2003 por el Congreso Nacional, ya en otros tiempos dándole la oportunidad a la justicia y al pueblo de juzgar como se debe a estos cientos de militares involucrados en la dictadura.